DIA DE LOS SIN TECHO
 
 
 
 

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS SIN  TECHO ACOGIDAS EN LOS SERVICIOS:  MARCO LEGAL Y ÉTICO
 
 

 I. FUNDAMENTACIÓN DEL DOCUMENTO

        Por la experiencia cotidiana de trabajo, sabemos que no es infrecuente la demanda de datos relativos a las personas o familias con las que estamos trabajando por parte de diversas instituciones públicas o privadas. En muchos casos, con la mayor buena fe y buscando una necesaria coordinación entre entidades de acción social; en otros, desde fines que, aunque sean legítimos en una óptica de funcionamiento general de la sociedad, tienen poco que ver con los objetivos y fines que pretendemos desde el trabajo social.

        Nos están llegando noticias (y petición de asesoramiento para actuar) ante situaciones tales como presencia policial, de manera más o menos encubierta, en Servicios para personas sin hogar o lugares de acceso a los mismos; demanda directa de datos a Centros de Acogida por parte de funcionarios del mismo cuerpo, etc.

        .No sabemos si estas actuaciones policiales están muy extendidas o no; preferimos pensar que se trata de casos aislados de injerencia por desconocimiento. Pero nos parece que el tema reviste interés en sí mismo, pues hay un marco legal y ético suficientemente claro al respecto, que debe ser aplicado incluso en las actuaciones de coordinación entre las distintas Cáritas o con otras entidades de acción social, al margen de quien tome la iniciativa de dicha coordinación.
 
 

II. PRINCIPIOS GENERALES QUE SON DE APLICACIÓN

    2.1. Derecho a la intimidad y al honor e inviolabilidad del domicilio.

        El art. 18 de la Constitución Española garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen (punto 1), así como la  inviolabilidad del domicilio (punto 2), prohibiendo expresamente cualquier entrada o registro sin el consentimiento del titular o sin una resolución judicial, con la única excepción de los delitos flagrantes (aquellos que acaban de producirse a la vista de todos, que es la definición primaria de este tipo de delitos).

        Este artículo incluye la protección del secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, y pone límites al uso de la informática para amparar nuestro honor, nuestra intimidad y el ejercicio pleno de nuestros derechos como ciudadanos.

        Así pues, nadie puede entrar en una vivienda, local o centro en contra de la voluntad del titular o sin una orden expresa y autorizada del Juez competente en ese lugar (lo que se llama Resolución o Auto judicial). El Juez puede autorizar la entrada y el registro en un domicilio, la escucha telefónica, la intervención de correspondencia... La entrada o intervención en estos ámbitos contra la voluntad del titular y sin  mandato judicial constituye un delito, que se castiga con inhabilitación absoluta y penas que abarcan entre seis meses y cuatro años (art. 204 del Código Penal)

     2.2. La autorización judicial conforme a las Leyes

        Para mayor garantía, la autorización judicial, a su vez, está sometida a una regulación estricta (Ley de Enjuiciamiento Criminal, ats. 545 y siguientes): debe ser razonada, indicando el por qué de la misma; debe delimitar escrupulosamente las actuaciones: qué se puede hacer, en dónde,  fecha, momento del día, acotación del registro a efectuar o de los datos pedidos, condiciones... así como las garantías que protegen a los titulares del lugar. El art. 552 prohíbe las intervenciones inútiles y que perjudiquen o importunen más de lo necesario a la persona, cuya reputación debe quedar garantizada.

        El art. 558 exige al Juez que haga constar en el Auto su fundamentación y que concrete qué funcionario ha de actuar. Se notificará el Auto al interesado o, en caso de ausencia, a su encargado, a un mayor de edad que esté en el domicilio o a dos vecinos (art. 566). El registro se practicará en presencia del interesado, de la persona que le represente legítimamente, de algún familiar mayor de edad o de dos vecinos (siempre, pues, con testigos), actuando el Secretario del juzgado (u otro funcionario habilitado por el Juez), que deberá expedir acta certificada de las actuaciones, con los nombres de quienes hayan intervenido, los presentes, la hora de inicio y terminación, incidentes, relación del registro y sus resultados (art. 569).

        En caso de intervención de correspondencia, deberá ser llevada de inmediato al Juez, pudiendo presenciar el interesado la apertura de la misma y devolviéndosele si no tiene que ver con la causa.

        En todas estas actuaciones, si el resultado es negativo el afectado puede exigir justificante (art. 569)
 

    2.3. La protección de datos personales

        La Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter personal (LORTAD), de 29 de Octubre de 1992, desarrolla el punto 4 del Art. 18 de la C.E. ya mencionado, por entender que la privacidad puede resultar menoscabada con la utilización de las modernas tecnologías.

        La LORTAD regula la seguridad de los datos personales (art. 6) y el deber del secreto del responsable del fichero (art. 10), constituyendo una infracción grave y sancionable la vulneración de este deber del secreto (art. 43.31, g)

        La Ley entiende por datos personales Acualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Incluye fotografías, documentos sonoros (grabaciones de voz), etc.

        El responsable del fichero (que puede ser una persona física o jurídica) está obligado a guardar secreto, a respetar la Ley y a responder de las infracciones que pudieran cometerse.

         Se permite la creación de ficheros automatizados con datos personales, si son necesarios para la actividad y objeto de la institución, siempre que se respeten las garantías que esta Ley establece para la protección de las personas. Entre otras, estas garantías son:

            . no podrán tratarse informáticamente los datos, ni cederse a terceros, sin consentimiento del interesado (art. 6)

            . no se podrán utilizar para fin distinto del autorizado, ni conservar por tiempo superior al necesario para la finalidad para la que se recogieron.

            . son datos de especial protección la ideología, creencias, religión, origen étnico, salud y  vida sexual, que requieren, para ser tratados informáticamente, el consentimiento expreso del interesado, por escrito incluso en algunos de ellos (art. 7)

            . el interesado tiene derecho a información sobre los datos incluídos en fichero automatizado y a su rectificación o cancelación, cuando proceda.
 

    2.4. La identidad y misión de Cáritas y la deontología profesional.

        Por último, pero no por ello menos importante, es obligatorio tener en cuenta el marco institucional y profesional en que desarrollamos nuestro trabajo . Como plantea el  ADocumento Marco para la Acción de Cáritas, (D.M.),  en el punto 1.3., Ala ética, en su dimensión social, ha de constituir el núcleo central de las políticas (y actuaciones) de desarrollo. Todo responde a diferentes posiciones éticas, aún cuando no se explicite esta dimensión.

         El actual modelo social de desarrollo, continua diciendo este Documento, Aresponsabiliza y culpabiliza a los excluídos de su propia situación de pobreza y de marginación... (situaciones) que, en ocasiones,  producen serios niveles de agresividad de unos sectores contra otros, por lo que los responsables públicos se ven tentados a reaccionar... recurriendo al control y a la represión, dejando en un segundo plano la acción preventiva y rehabilitadora... Aunque, paradójicamente, la política represiva suele encontrar muchas dificultades para llegar a quienes actúan en los niveles más altos de las agresiones sociales (corruptos, defraudadores, especuladores...) La única represión eficaz corre el peligro de utilizarse sólo contra los pobres y marginados indefensos (D.M., punto 1.3.)

        A la acción de Cáritas con los excluídos debe ser una acción integral, cuyo sujeto fundamental sea siempre la persona...redescubrir y cultivar... el sentido de la acogida y de la relación personal y horizontal de ayuda (D.M., 2.5.)  Para que la integración social sea completa, y los excluídos puedan vivir plenamente su dignidad humana, debemos apoyarlos, respetando siempre su libertad (D.M. 2.6.)  La acción de Cáritas debe salvaguardar y promover...los derechos humanos y el bien común... aunando en su actuación la paz y la verdad, la justicia y el amor (Documento Identidad, pag.26).

         Las actitudes fundamentales de la relación de ayuda son la comprensión empática, la aceptación incondicional y la autenticidad o congruencia .  Sólo desde ellas puede lograrse un movimiento de cambio en la persona acogida. El establecimiento de una confianza mutua es, pues, básico si se quiere iniciar un proceso de recuperación o redescubrimiento de sus capacidades; confianza que  presupone, entre otras cuestiones, la guarda rigurosa del secreto profesional, exigido por los Códigos deontológicos de la mayoría de las profesiones , so pena de quebrar esa necesaria relación de franqueza y de seguridad.

        El secreto profesional es deber y es derecho: se  impone al profesional, como deber ético,  pero también le protege, a él y a sus clientes, frente a intromisiones en el ejercicio de su trabajo y de la relación establecida. Apoya y refuerza, pues, esa defensa de los más desprotegidos que debe caracterizar la acción de Cáritas (y del trabajo social, entendido en su sentido más amplio).
 


III. ACTUACIONES CONCRETAS EN FUNCIÓN DE ESTOS PRINCIPIOS

        Nos parece que lo hasta aquí expuesto proporciona pautas suficientes de actuación para resolver los casos particulares que puedan producirse, pero se indican algunas, a modo de resumen:

            1.  Cáritas es depositaria de los datos de las personas y familias que han acudido a la institución en demanda de ayuda, sobre los cuales adquiere un compromiso de discreción y protección, exigido por las leyes y por los principios éticos de la institución y de los profesionales que en ella trabajan.

            2.  Ninguna autoridad policial o administrativa puede exigir nunca entrega de esos datos o registro de las sedes, salvo autorización judicial que cumpla los requisitos señalados en el punto 2.2. o que se trate de un delito flagrante (2.1.)

            3.  No solamente nadie ajeno a Cáritas puede acceder a los datos de que se dispongan, sino que Cáritas tiene obligación de proteger esos datos, y no puede disponer de ellos ante terceros sin el consentimiento de las personas afectadas.

            4.  Respecto de los ficheros automatizados, se sobreentiende que pueden ser objeto de tratamiento estadístico todos los datos que no supongan ningún tipo de identificación personal (edad, sexo, procedencia, demanda...). Pero hay que ser extremadamente cuidadoso en las tareas de:

                . codificación, que deberá hacerse por la persona que recibe o por alguien debidamente preparado y consciente del secreto profesional al que se obliga con esta actividad.

                . acceso al fichero informatizado: los datos de identificación personal o familiar se protegerán con una clave de acceso, que sólo debería tener el responsable del fichero.

                 . facilitar información sobre una persona o familia a otra Cáritas: en su momento, se solicitaron los oportunos permisos a la Agencia de Protección de Datos para la utilización de las Fichas unificadas, que fueron autorizadas suprimiendo algunos datos y con una inscripción al pie que dice: ALos datos de esta Ficha tienen carácter confidencial y son para uso interno de Cáritas. Es decir, se puede hacer un uso discrecional de los mismos dentro de la Institución, siempre que nos refiramos  a una persona concreta  y limitando la información a aquellos aspectos que sean pertinentes para el problema que se quiere resolver (de la misma manera que los datos que depositamos en el médico de cabecera pueden pasar al especialista o al Hospital, para una mejor comprensión del enfermo y sus circunstancias)

                    . facilitar datos a otras instituciones: A tenor de lo ya indicado en los puntos anteriores, Cáritas  no  puede disponer de los datos sobre las personas que han acudido en demanda de ayuda ante terceros, salvo permiso expreso del interesado. Ello exigiría trabajar a fondo los objetivos y medios para la coordinación, aspecto que escapa al alcance y propósito de este documento, aunque puede tomarse como punto de partida para la necesaria reflexión sobre este elemento, necesario pero controvertido.

            5. Pese a todas las cautelas legales expuestas, es posible sufrir en un momento dado una intervención administrativa poco correcta, ante la que sea obligado ceder por circunstancias extremas (coerción...). Lo importante es conocer los derechos de las personas con las que trabajamos y los medios legales para defenderlos,  y hacérselo saber al agente de una actuación abusiva.

        Con frecuencia suele ser suficiente aludir con firmeza a esos medios o solicitar una demanda por escrito. En cualquier caso, siempre cabe hacer constar protestas (documentadas: por escrito, con testigos...) que puedan dar lugar a recursos posteriores, posibles anulación de las actuaciones, etc.
 

Fernando Oliete, Asesor Jurídico
Esperanza Linares, Programa de G.P y Sin Techo

21 de noviembre, Día de los Sin Techo
CARITAS DENUNCIA QUE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR SIGUEN SIENDO VULNERADOS EN ESPAÑA

        Madrid, 15 de noviembre.-  Miles de personas que carecen de vivienda sufren en nuestro país continuas violaciones de sus derechos cívicos y sociales. Inseguridad en la calle; violación del derecho a la intimidad, a la libre circulación; abuso de autoridad  o desigualdad ante la ley, son algunas de los abusos conocidos por trabajadores de Cáritas en relación con los propios afectados. Sirvan dos casos como muestra:

      -   Pablo vive en Pamplona y fue condenado a prisión por no presentarse a recoger una sentencia. Como no tiene domicilio fijo, dicha notificación nunca llegó a su destinatario.
     -   Juan, de Málaga, fue rechazado para una entrevista de trabajo cuando la empresa “descubrió” que el teléfono de contacto era el de un Centro de Acogida para transeúntes.

        Pero además, Cáritas y FACIAM, las dos instituciones que promueven esta campaña quieren denunciar que las personas sin hogar no disfrutan, como el resto de la población, del derecho ciudadano a la Protección Social, recogido en la Constitución Española y en diversas leyes autonómicas. La citada indefensión viene dada por:

        - El “absentismo” de las Administraciones públicas, en cuanto a hacerse cargo de centros y servicios para los sin techo. De acuerdo con una reciente investigación realizada por Cáritas Española y la Universidad Pontificia de Comillas y coordinada por Pedro Cabrera, director de la Escuela de Trabajo Social de aquella Universidad, sólo el 16% de los centros y servicios destinados a atender a las personas sin hogar, son de titularidad pública.
        - Las fórmulas jurídicas que se determinan desde las Administraciones Públicas, para el apoyo económico a los proyectos de entidades privadas con los sin techo (albergues, centros de acogida, talleres ocupacionales) suelen elegir la fórmula de la subvención (más precaria) antes que la del concierto, que da mayor continuidad a las acciones.

        El Día de los Sin Techo, que se celebra el próximo domingo 21 de noviembre en todo el Estado, pretende llamar la atención de la opinión pública y de las diversas Administraciones, sobre la necesidad de garantizar los derechos de  más de 270.000 personas que, de acuerdo con estudios recientes de Cáritas, no disponen de una vivienda digna en España. Desde esta campaña se anima a que quienes tengan conocimiento de hechos como los descritos,  acompañen a la persona sin hogar en la denuncia de situaciones que deben ser conocidas y corregidas.
 

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